• 6 de noviembre de 2017

De infiernos y paraísos

huracán bermudas

De infiernos y paraísos

1024 440 David Moreno Vincent

Hace unas horas nada más, la cadena de información inglesa BBC sacaba a la luz un nuevo futuro escándalo sobre los paraísos fiscales que usan los ultra ricos (o UHNWI en terminología sajona) para gestionar parte de sus patrimonios. Parece que, pasado ya el impacto mediático de los Panama Papers (de los que hablaba Mauricio Ríos aquí), era necesario que el mismo grupo que inició la campaña de aquellos volviera sobre la cuestión. Esta vez, se trata de una filtración dentro de la firma de servicios legales Appleby, ubicada en las islas Bermudas, que parece involucrar no solo a personas con un altísimo patrimonio, sino especialmente a personas políticamente expuestas, como la Reina de Inglaterra o  personas del entorno cercano al primer ministro de Canadá, a modo de ejemplo.

A diferencia de lo que ocurría con el bufete Mossack Fonseca, entre cuyos clientes figuraban numerosas personas con antecedentes penales, en este caso no parece que haya ningún hecho delictivo, ni siquiera indicios, en la conducta de las personas implicadas. Son los propios autores de la noticia los que lo aclaran en el artículo aunque, eso sí, en pequeño. A pesar de ello, se anuncian revelaciones a lo largo de las próximas semanas que probablemente tengan más consecuencias de carácter político que legal. Por su parte, el ministro de Hacienda español, Cristóbal Montoro, ha anunciado ya que estudiaran la documentación en detalle. Pero llegados a este punto, creemos que es importante hacer un poco de pedagogía.

Paraísos fiscales y territorios no cooperantes.

En efecto, lo que la prensa llama normalmente paraísos fiscales son un conjunto de jurisdicciones que disponen de ventajas comparativas en sus tasas impositivas, y en algunos casos ausencia incluso de determinados impuestos, como lo puede ser sobre las utilidades de las empresas o el patrimonio de los individuos. Pero es importante destacar que se trata de situaciones que son perfectamente legales desde una perspectiva internacional. Con excepción de lo que establece el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI o FATF por sus siglas en Inglés), que abordaremos más adelante, el listado de paraísos fiscales no cooperantes con los acuerdos de intercambio de información de la OCDE incluye, al día de hoy… CERO países. Exacto. No existen ya los (mal) llamados paraísos fiscales. Es decir, que bajo el supuesto de que se cumplen determinadas garantías de privacidad, proporcionalidad y razonabilidad, tanto las Islas Caiman como Irlanda o Panamá procederán a remitir la información financiera solicitada por la jurisdicción de referencia del titular de los bienes. Insistimos, siempre que existan determinadas garantías. España o Portugal, por citar sólo dos casos, disponen de estructuras legales que permiten reducir la carga fiscal. Pero más allá de las cuestiones fiscales, una de las razones fundamentales para trasladar el patrimonio y estructurarlo adecuadamente suele ser la discreción, el simple hecho de ocultarlo en países donde su posesión puede incluso representar un riesgo para la integridad física, lo cual no tiene por qué estar ligado al pago de impuestos.

En cuanto a los auténticos paraísos fiscales, esas jurisdicciones que no preguntan por el origen de los fondos, que no atienden en modo alguno a los requerimientos de información, sean judiciales o fiscales, y que están específicamente designados así por el GAFI, son los siguientes: Bosnia-Herzegovina, Corea del Norte, Etiopía, Irán, Iraq, Sri Lanka, Syria, Trinida y Tobago, Túnez, Vanuatu y Yemen. No es lo que uno llamaría precisamente paraísos, y alguno incluso podría ser considerado más bien un infierno… En algunos de ellos, la industria del blanqueo de capitales representa una parte importante de su actividad financiera.

Quizás lo más llamativo de este tipo de noticias es que terminan derivando en declaraciones políticas que pretenden criminalizar no sólo la optimización fiscal, sino incluso la mera posición económica de quienes tienen un muy alto patrimonio. Se desprecia a los poseedores de fortunas que intentan protegerse de la voracidad recaudatoria de gobiernos irresponsables, como si fueran responsables de la falta de medios de esos mismos estados que gastan más de lo que deben sin siquiera (o al menos) crear infraestructuras útiles para el desarrollo económico.

Por ello es importante, en todo proceso de estructuración offshore, verificar el estricto cumplimiento de la ley (tanto del origen como del destino) y llevar a cabo la debida diligencia en la selección de nuestros proveedores de servicios, cosa que nuestros clientes tienen perfectamente integrada.

No duden en contactarnos si desean ampliar detalles.

 

 

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